Es mitad de año, y el entorno corporativo exige evaluar cómo México avanza en la materialización del crecimiento económico a través de la consolidación de sus activos intangibles.
El 27 de febrero de este año, la Secretaría de Economía estableció premisas estratégicas para la innovación:
- La innovación como prioridad nacional.
- Focalización en áreas de mayor impacto.
- Coordinación de agentes.
- Rendición de cuentas.
Estos principios responden a los estándares internacionales trazados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y las obligaciones comerciales de México en la región. Sin embargo, para que esta política se traduzca en competitividad real, se debe atender a lo siguiente:
- Identificación de mercados estratégicos y su protección transfronteriza (mediante sistemas como el Sistema Internacional de Patentes o el Protocolo de Madrid).
- Generación de conocimiento técnico y su blindaje a través de signos distintivos, patentes, modelos de utilidad o secretos industriales bajo la LFPPI, y la especialización de personal a cargo de la vigilancia de esta parte de la Propiedad Intelectual («PI»).
- Respaldo a la innovación mediante esquemas de transferencia de tecnología entre instituciones públicas y el sector privado.
- Apalancamiento de recursos financieros utilizando portafolios de propiedad intelectual como garantía.
- Un marco regulatorio que otorgue eficacia jurídica frente a retos contemporáneos, como la titularidad de obras generadas por Inteligencia Artificial y la protección en entornos digitales.
La innovación como punta de lanza: un imperativo histórico, no una tendencia
Hablar de innovación en 2026 puede parecer un lugar común, un recurso retórico agotado por el discurso corporativo. Sin embargo, la innovación no es un fenómeno nuevo; es una constante histórica que ha obligado a los países a crear arquitecturas jurídicas complejas para gestionarla y protegerla.
La economía, como disciplina, ha contribuido a potenciar el concepto de innovación. Un referente clave es Mariana Mazzucato, quien, desde una perspectiva económica progresista, sostiene que la innovación no surge exclusivamente del sector privado operando en un mercado libre, sino de la interacción estratégica entre el Estado y la iniciativa privada. Esta visión redefine el papel del Estado como inversionista de riesgo y arquitecto de valor público, capaz de generar las condiciones para que la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento se traduzcan en bienestar colectivo. En consecuencia, la innovación contemporánea se concibe como un proceso sistémico y colaborativo, donde la política pública, la academia y el sector empresarial convergen para transformar el conocimiento en desarrollo sostenible y competitividad nacional.
A través de la innovación se busca generar impactos en sectores estratégicos como la salud, la conectividad, la energía y la optimización de procesos, entre otros. Por ello, sus efectos trascienden los resultados financieros de una empresa, al influir de manera directa en el bienestar social, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.
Inversión como ventaja competitiva
Para que México capitalice de manera sostenible el fenómeno de la relocalización de cadenas productivas y transite hacia una economía del conocimiento, la inversión en activos intangibles debe dejar de ser vista como un gasto regulatorio y consolidarse como una inversión de alto rendimiento. El análisis de derecho comparado y las métricas globales nos demuestran que la competitividad de las naciones modernas ya no se mide únicamente por sus recursos físicos, sino que añade la solidez de sus ecosistemas de Propiedad Intelectual.
De acuerdo con indicadores del Global Innovation Index 2025 de la OMPI, México ha demostrado una eficiencia notable en sus resultados de innovación (Innovation Outputs), posicionándose en el lugar 52 global y destacando de manera contundente en la exportación de bienes creativos (lugar 6 mundial) y manufactura de alta tecnología (lugar 13).
Las empresas que hoy invierten proactivamente en registrar, vigilar y monetizar sus intangibles no solo adquieren protección en un mercado local, sino que adquieren ventajas comerciales globales. El hito más relevante del reporte de la OMPI es la inclusión de la Ciudad de México en el puesto 79 del Innovation Clusters Ranking mundial, un logro impulsado directamente por la dinámica de transacciones de Capital de Riesgo (Venture Capital) y el uso de herramientas de protección internacional como las solicitudes de patentes vía el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Invertir en Propiedad Intelectual es dotar a la innovación de un valor de cambio real en el mercado internacional, transformando las ideas en activos financieros auditables y defendibles ante las distintas autoridades.
Profesionalización de autoridades para la vigilancia y gestión de la innovación
La propiedad intelectual no opera de forma aislada; su eficacia como incentivo comercial depende de la capacidad técnica, la velocidad de respuesta y la certeza jurídica que las autoridades otorgan a los particulares. Es decir, la infraestructura institucional del Estado mexicano debe adecuarse a la dinámica del mercado. El fortalecimiento de las agencias reguladoras y la unificación de criterios judiciales configuran el eje central para dotar de mayor certidumbre a la inversión en activos intangibles.
Muestra de lo anterior, recientemente el IMPI robusteció su estructura operativa mediante una convocatoria para incorporar 500 nuevos examinadores especializados en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y derecho, orientados a abatir el rezago y acelerar los exámenes de fondo en patentes y signos distintivos.
Este esfuerzo de modernización se complementa con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de junio de 2026, el cual crea el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación en México, coordinado conjuntamente por el IMPI y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para articular las políticas de desarrollo tecnológico con los mecanismos de exclusividad comercial.
Bajo esta tesitura, la evolución de la infraestructura pública y la unificación de criterios jurisdiccionales representan una parte de la ecuación del desarrollo económico; pues la ventaja competitiva también se vincula con la respuesta del sector privado. Frente a una autoridad administrativa que avanza a velocidad considerable, las empresas mexicanas y transnacionales tienen la posibilidad de ser pioneras en el blindaje de su propia innovación. Al implementar auditorías de propiedad intelectual preventivas, estructurar programas de cumplimiento normativo (IP compliance) y utilizar de forma estratégica las herramientas digitales del IMPI y el INDAUTOR para proteger patentes, software y secretos industriales de manera transfronteriza, el sector corporativo deja de ser espectador de las políticas públicas.
En el actual proceso de relocalización de cadenas productivas, las organizaciones que asumen un liderazgo proactivo incrementan el valor de sus activos intangibles al transformar la certidumbre institucional en un motor de confianza, inversión y crecimiento a escala global.
Gestión del cambio: la innovación como activo de rendimiento
Frente a este panorama de evolución institucional, el principal error estratégico de las empresas es la parálisis o el temor al cambio.
La innovación ya no puede seguir siendo vista como un concepto abstracto, ajeno o exclusivo de las grandes potencias tecnológicas globales; los datos demuestran que el ecosistema mexicano evoluciona, innova y genera activos intangibles de forma constante en sectores que van desde la manufactura avanzada hasta el desarrollo de software.
Si bien toda inversión orientada al desarrollo tecnológico y a la inserción en nuevos mercados conlleva inherentemente un riesgo comercial, el marco jurídico mexicano otorga herramientas necesarias para transformar ese riesgo en una ventaja competitiva blindada mediante derechos de exclusividad.
La clave del éxito en este nuevo paradigma económico no radica en evitar el riesgo, sino en gestionarlo mediante una estrategia legal proactiva.
Para lograrlo, contar con un aliado jurídico especializado es uno de los factores determinantes. En SLLM no solo acompañamos a nuestros clientes en el camino de la estructuración normativa y el cumplimiento regulatorio frente a autoridades como el IMPI y el INDAUTOR; realizamos un diagnóstico profundo de la operatividad de cada empresa para identificar qué activos faltan por proteger y de qué forma están explotando su conocimiento. Apoyar y blindar la innovación nacional a través de una adecuada gestión es una decisión financiera de alto impacto. Si quiere revisar su portafolio, podemos conversarlo.