En el escenario global actual, la importancia del estado de derecho para el desarrollo económico y social de un país es incuestionable. México, que se encuentra en una coyuntura crítica con la propuesta de una reforma judicial de gran envergadura, debe considerar cuidadosamente las implicaciones de estos cambios, particularmente en relación con la certeza jurídica y la preservación de la independencia judicial.
El estado de derecho abarca la gobernanza basada en leyes claras, transparentes y aplicadas de manera equitativa, sin interferencias arbitrarias por parte del poder político. Este principio no solo garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también es un elemento crucial para crear un ambiente de certeza jurídica que permita a las personas y empresas operar con confianza en el sistema legal. En el caso de México, su posición en índices internacionales, como el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, revela desafíos significativos, situándose en niveles que reflejan la necesidad de mejoras en varios aspectos del sistema judicial.
La reforma judicial en México ha surgido en parte como respuesta a la percepción de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado decisiones que, en ocasiones, han sido interpretadas como políticamente motivadas, específicamente como maniobras de oposición. Esta situación ha generado inquietudes sobre la imparcialidad del máximo tribunal y ha motivado propuestas para cambiar la forma en que los jueces son seleccionados y cómo ejercen su función. La idea subyacente es que una mayor participación popular en la elección de jueces podría corregir estos problemas y hacer que el poder judicial sea más representativo de la voluntad del pueblo.
Sin embargo, una reforma judicial exitosa debe apuntar a fortalecer el estado de derecho, asegurando que las decisiones judiciales se tomen de manera imparcial y autónoma, lejos de cualquier influencia política. La historia reciente ofrece varios ejemplos internacionales donde las reformas judiciales han logrado estos objetivos sin comprometer la independencia del poder judicial.
Por ejemplo, en Reino Unido, la creación del Tribunal Supremo en 2009, separando formalmente el poder judicial del poder legislativo, fue un paso decisivo en la consolidación de un sistema judicial verdaderamente independiente. Esta reforma no sólo mantuvo, sino que fortaleció la percepción de imparcialidad y autonomía del poder judicial.
En Canadá, las reformas judiciales de los años 80, que incluyeron la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, reforzaron el papel del poder judicial como guardián de los derechos fundamentales, mientras se aseguraba su independencia del poder político. El sistema judicial canadiense es ahora visto como uno de los más independientes y efectivos del mundo.
De manera similar, en Alemania, las reformas judiciales después de la reunificación en 1990 se centraron en integrar dos sistemas judiciales muy diferentes, mientras se mantenía un enfoque firme en la independencia judicial. Las reformas alemanas lograron establecer un sistema que no solo es eficiente y equitativo, sino que también goza de una independencia robusta, lo que refuerza la estabilidad legal y, por ende, la certeza jurídica.
Estos ejemplos ilustran cómo las reformas judiciales pueden llevarse a cabo con éxito, preservando y, en muchos casos, fortaleciendo la independencia judicial. Estas reformas no solo mejoraron la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial, sino que también aseguraron que los jueces pudieran operar sin presiones indebidas, protegiendo la imparcialidad.
En contraste, la propuesta de reforma judicial en México, que incluye la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia y otros jueces, plantea desafíos significativos. La idea de elegir jueces por voto popular puede parecer, en teoría, una forma de democratizar la justicia. Sin embargo, en la práctica, este enfoque podría socavar la independencia judicial al hacer que los jueces dependan de procesos electorales que, por naturaleza, están sujetos a influencias políticas y de popularidad. Este riesgo es particularmente relevante en contextos donde el estado de derecho ya enfrenta retos considerables.
La politización del poder judicial podría tener efectos adversos en la percepción de certeza jurídica, crucial para que ciudadanos y empresas puedan operar con confianza en el entorno legal. Si las reglas del juego se perciben como variables o sujetas a cambios por motivaciones políticas, es probable que la certeza jurídica en México se vea seriamente afectada.
Por lo tanto, al pensar en una reforma judicial, es esencial considerar cómo esta afectará la confianza en el sistema judicial y, por ende, la certeza jurídica en el país. México, con su considerable potencial económico y social, debe tener como objetivo primordial mantener y fortalecer un poder judicial que no solo sea eficiente, sino que también sea percibido como imparcial y autónomo.
En conclusión, cualquier reforma judicial debería priorizar la preservación y el fortalecimiento de la independencia judicial. Es necesario asegurar que el poder judicial en México sea un baluarte del estado de derecho, contribuyendo a la estabilidad legal y a la certeza jurídica que son fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Aunque los cambios en las instituciones son necesarios para su evolución, estos deben implementarse con la mayor cautela. En este sentido, una reforma que refuerce la autonomía del poder judicial será clave para mantener la certeza jurídica y asegurar un futuro de crecimiento y estabilidad para México.
Escrito por el Lic. Victor López Martínez Socio fundador de SLLM "La Reforma Judicial en México: Reflexiones sobre Estado de Derecho y Certeza Jurídica"
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